Paraguay Vs. Buitres europeos

Los representantes de los tres poderes del Estado paraguayo acordaron hoy el rechazo a una deuda internacional de unos 85 millones de dólares contraída durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), reclamada por un tribunal suizo desde 2005. "Hay una posición de desconocer esta deuda y nos vamos a defender fuertemente", dijo en rueda de prensa el procurador del Estado paraguayo, Roberto Moreno, tras la reunión este lunes del presidente de Paraguay, Horacio Cartes, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, el del Senado, Mario Abdo Benítez y el de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez.
Los representantes de los tres poderes del Estado acordaron mantener una postura común de rechazo a la reclamación promovida en 1993 por nueve bancos a raíz de una deuda contraída entre 1986 y 1987 por el "cónsul itinerante" del régimen dictatorial de Stroessner, Gustavo Gramont Berres, presuntamente con el aval del Gobierno. Gramont, entonces enviado a Ginebra (Suiza) por Stroessner, usó supuestamente una garantía falsificada realizada por él mismo, en nombre del Estado y un reaseguro otorgado por la italiana SACE (Sezione Especiale per l'Assicurazione del Crédito all'Esportazione) con el que recibió préstamos por valor de unos 85 millones de dólares para sus empresas "Lapachos" y "Rosi".
El Tribunal Federal suizo condenó en mayo de 2005 al Estado paraguayo a pagar 85 millones de dólares a esos bancos, encabezados en ese entonces por el ya desaparecido Overland Trust Bank. El canciller del Gobierno de Cartes, que asumió en agosto de 2013, Eladio Loizaga, calificó este lunes la deuda de "ilegítima y espuria".
El problema es que por este juicio Paraguay tiene bloqueados 5.000 millones de dolares de sus reservas y ahora enfrenta una nueva demanda por este mismo caso en un tribunal de (que raro) Washington, Estados Unidos.
"Si hubiese tenido voluntad, el Gobierno italiano hace rato hubiese resuelto", expresó el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, al hacer referencia a la demanda en contra del país que mantiene una empresa italiana por una "deuda espuria" de unos 80 millones de dólares.