Celulares. Inseguridad al palo

No hay consumo mas extendido que la telefonía celular en Argentina. Ni siquiera el mate. Hay dos celulares por persona en este país. Que un servicio que casi nunca funciona, con precios cartelizados entre tres empresas pésimas, que no invierten nada y cobran caro se haya extendido tanto es un verdadero milagro del capitalismo.

El Senado comenzó ayer el debate en torno a si la telefonía celular es un servicio público. En la práctica significará que el Estado pueda regular al sector y, entre otras atribuciones, establecer los precios que se deben cobrar a los usuarios. Aunque hay cinco proyectos en danza con diferentes matices, todos apuntan hacia el mismo lugar. Se pondrán en discusión los proyectos de los senadores Rubén Giustiniani (Partido Socialista), Gerardo Morales (UCR), Carlos Verna (PJ) y Nito Artaza (UCR), Graciela Di Perna (PJ) y Juan Manuel Irrazábal (Frente para la Victoria).
 Además de la potestad estatal sobre las tarifas, los proyectos plantean que la autoridad de aplicación pueda obligar a las empresas a garantizar en servicio en diferentes puntos del territorio y hasta una regulación mucho más estricta en materia de derechos del consumidor.
Es más, el proyecto de ley de Irrazábal propone que la telefonía celular sea un "servicio público esencial", por lo cual quedaría sujeta a un marco legal mucho más estricto. Desde la oposición, los autores de los diferentes proyectos expresaron acuerdo político de lograr que el servicio pase a la órbita estatal. Giustiniani es el edecán de las propuestas: es la tercera vez que presenta un proyecto en este sentido. Por otra parte y ahora, desde el oficialismo aparece una luz verde para hacer avanzar sobre las operadoras. El proyecto de los diputados Adriana Puiggrós y Herman Avoscan declara a la telefonía móvil como servicio público, al mismo tiempo que se fundamenta la necesidad de una reglamentación acorde al presente tecnológico. En su articulado se establece a la telefonía móvil como servicio público al que, como tal, se le reglamente una prestación básica obligatoria, además de una serie de medidas regulatorias, como la prohibición del ajuste automático de las tarifas y la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como autoridad competente para fiscalizar y garantizar servicios confiables que cumplan con las características de continuidad, regularidad y uniformidad. A fines del año pasado, el Gobierno nacional ha avanzado en establecer mayores controles hacia las empresas de telefonía celular, que se rigen como un servicio privado y (al mismo tiempo) son uno de los sectores que mayor cantidad de denuncias recibe en Defensa del Consumidor. Legalmente las empresas todavía se rigen con un Reglamento del año 1997.