El carancho que se volvió cisne

Ricardo Lorenzeti paso de carancho a "cisne negro" en un instante. Parado sobre su bloque "Resentimiento" que formó en la corte suprema después de su desplazamiento por el lilito Rosenkratz se ha encargado de sacarle fallos contrarios al gobierno en todos los tiros.
La corte suprema aceleró ayer el reclamo de San Luis contra el Estado nacional y fijó en $15.000 millones el monto que el Gobierno deberá pagarle al distrito gestionado por el peronista Alberto Rodríguez Saá.
La decisión le asestó un golpe al Gobierno de Mauricio Macri, ya que el desembolso pondría en aprietos el plan para cumplir los acuerdos de déficit cero negociados con el FMI.
Más si, como se presume, el máximo tribunal también falla a favor de Santa Fe en un caso idéntico, aunque por saldos hasta podrían cuatriplicarse.
Los jueces supremos volvieron a complicar así a la gestión de Cambiemos.

Cosas claras

Mucho se hablo hace una semana de la jueza Patricia Guichandut como liberadora de delincuentes extranjeros reincidentes presos.
La verdad es que la jaeza aprobó un acuerdo al que habían llegado el fiscal y la defensa del acusado de hurto el ciudadano colombiano Jair Jurado Mora.
Macri y Larreta salieron a defenestrar a la jueza (que es mas pro que ellos) para congraciarse con su zoológico electoral pero la verdad es que Migraciones nunca informo que el ladrón tuviera antecedentes en su país, de hecho, lo negó.
Policía de la Ciudad tampoco encontró antecedentes.
En ese marco la jueza a un hombre sin antecedentes debe liberarlo en un periodo de prueba hasta que se haga un juicio.
Al acuerdo llegaron la defensa del acusado y el secretario del fiscal (curiosamente nieto de Raul Alfonsin y "un tipo derecho" según nuestras fuentes") porque el fiscal no estaba, y la jueza no tuvo objeciones de acuerdo lo que ella sabia, ningún antecedente y un hurto simple.
De la utilización mediática del caso ya saben todos.

Cachetazo al vicio

Primera derrota profunda hacia el corazón de la estructura de poder que sostiene a la Alianza de gobierno.
El peronismo de la Cámara de Diputados concretó este viernes la maniobra para sacarle al Gobierno los dos representantes por la mayoría en el Consejo de la Magistratura, a pesar de los esfuerzos de urgencia que hizo Mauricio Macri para intentar impedir que Juan Schiaretti se sume a la jugada del massismo y el kirchnerismo.
El cordobés no solamente no oyó las súplicas del Presidente para que ordene a sus diputados que firmen a favor de los representantes de Cambiemos, sino que además se sumó a la jugada del FPV y el Frente Renovador, y a último momento coló a un suplente a los representantes de la mayoría. "Macri le está ofreciendo lo que quiera", habían contado a LPO fuentes al tanto de las negociaciones.
El kirchnerismo, el massismo, Argentina Federal y aliados finalmente consiguieron 131 firmas, dos más que la mayoría, e impusieron los nombres de Eduardo Wado De Pedro (FPV) y Graciela Camaño (FR) como consejeros titulares. Los suplentes serán Vanesa Siley (FPV) y Martín Llaryora (PJ cordobés).
El ingreso de Llaryora como suplente se produjo sobre el cierre de las negociaciones, cuando Schiaretti era tironeado por el Gobierno para que sume la firma de sus diputados a Cambiemos.
Como reveló LPO, el propio Macri se puso al frente de las gestiones para conseguir el respaldo, pero terminó con una derrota rotunda.

Todo preso es político si pero algunos son mas políticos que otros

En Brasil, Lula puede ir preso el jueves 4 de abril, en Argentina hay variados presos políticos y ahora en España le ha tocado a los independentistas catalanes.
El juez Pablo Llarena ha dictado esta tarde prisión provisional contra el candidato a president de la Generalitat, Jordi Turull, así como contra Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. El magistrado del 1-O atiende así la petición de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce el partido de ultraderecha Vox.
Todos ellos están procesados por rebelión, según el auto que les ha notificado este viernes el juez Llarena.
A cuatro de ellos -Rull, Turull, Bassa y Romeva, que formaban parte del Govern- les añade además el delito de malversación por haber desviado dinero público para la celebración del referéndum.
Sendos furgones de la Guardia Civil conducirán a los tres hombres procesados a la cárcel de Estremera en los próximos minutos.
Las mujeres, Forcadell y Bassa, serán conducidas a Alcalá Meco, informan fuentes penitenciarias. Los argumentos de Llarena para dictar prisión aparecen al final del auto de prisión. El juez argumenta la "gravedad" de las actuaciones que atribuye a los cinco procesados y "las expresiones generales del largo tiempo que ha precedido a la investidura" y que arrojan "la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco".
Llarena justifica el envío a prisión de los cinco procesados en que no ve signos de que vayan a respetar, ahora y en el futuro, sus decisiones judiciales. “Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente”, escribe el magistrado en el auto de prisión.
No se ha presentado Marta Rovira, que ha anunciado por carta que huye de España: " El exilio será un camino duro pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política".
El auto la acusa de rebelión por su "participación esencial" en los mecanismos diseñados para alcanzar la independencia de Catalunya.

Cuatro dedos

Dicen las calles...

Probatio diabolica

La prueba diabólica (en latín, probatio diabolica) o prueba inquisitorial es una expresión del ámbito del Derecho que describe la práctica de exigir por parte del jurado a la defensa una prueba a favor de la no participación del reo en la comisión del delito imputado.

En una probatio diabolica el interpelado deberá, por ejemplo, demostrar que algo no ha ocurrido, la inexistencia de algo, o su propia inocencia en un proceso judicial, cuando lo correcto según el Derecho moderno es que la «carga de la prueba» corresponde a quien ha de probar la existencia de algo, o probar la culpabilidad.

La ilegitimidad de la prueba diabólica en los tribunales de los modernos Estados de Derecho se basa en que, caso de no encontrarse pruebas a favor de la comisión del delito por parte del reo, éste debería ser declarado libre en virtud de la presunción de inocencia existente en estos Estados. Pero con la petición de prueba diabólica, tal presunción de inocencia se infringiría al crearse la necesidad de descubrir además una evidencia de no haber tenido el sujeto parte en el delito imputado, impidiéndose así que el acusado saliera libre de cargos en espera de hallar unas pruebas cuya aparición nadie puede garantizar tampoco.

Dicho en otras palabras: los Estados de Derecho modernos establecen en sus leyes que si es imposible probar la culpabilidad de un reo éste debe ser declarado inocente, lo cual no podría ocurrir si se dictaminara además que se hubieran de buscar pruebas de su inocencia que podrían no encontrarse nunca (igual que ocurre con las de su culpabilidad), obligando esta última eventualidad a la dilación indefinida de una sentencia

Los procedimientos judiciales de la Inquisición (como cualquier otro en el Antiguo Régimen) no respetaban la presunción de inocencia y solían incurrir en absurdos lógicos de los que los acusados no podían salir. El que confesaba era culpable y el que no confesaba era culpable porque seguía indicaciones del Diablo. 

Por su naturaleza racionalmente perversa, este tipo de prueba es rechazada por los tribunales modernos sujetos al Estado de Derecho, pues supone una inversión del onus probandi o carga de la prueba. Por extensión, es también excluida de cualquier procedimiento racional de prueba.

El combate al narcotrafico no se detiene y acumula éxitos que son una cosa de locos

Con la intervención del titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, Adrián García Lois, se llevó a cabo ayer en Ushuaia la audiencia en el marco de un procedimiento de flagrancia en el que el juez ante el TOF de dicha jurisdicción, Luis Alberto Giménez, condenó a Alejandro Américo Álvarez a la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso en orden al delito de tenencia simple de estupefacientes, mientras que se declaró la responsabilidad penal del menor de edad R.D.S. -por el mismo delito- y se dispuso su tratamiento tutelar hasta que alcance la mayoría de edad.
El hecho por el que Álvarez y R.D.S. eran investigados tuvo lugar en la tarde del 15 de mayo pasado, en la intersección de las calles Vukasovic y Milton Roberts, de la ciudad fueguina de Río Grande, cuando fueron sorprendidos con 342,4 gramos de cannabis sativa, con fines de comercialización. Además, en su poder tenían una balanza de precisión y un cuchillo con restos de aquella sustancia, todos los cuales estaban ocultos en un compartimiento de la motocicleta en la que Álvarez circulaba. La Fiscalía había pedido para el adulto la pena de 5 años de prisión, multa de mil pesos, accesorias legales y costas, y el decomiso de la moto en la que se desplazaba. En su alegato, García Lois tuvo por acreditados los hechos imputados, y solicitó que se declarase la responsabilidad penal de RDS y se difiriera la aplicación de la pena por el término de un año para una nueva evaluación, o hasta su mayoría de edad.
Por su parte, la defensa de Álvarez se expresó en favor de su absolución, sobre el argumento de que el procedimiento efectuado era nulo y que se había direccionado la búsqueda de testigos, manteniendo a aquellos que estaban enemistados con el imputado.
Al resolver la cuestión, el juez ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, Luis Alberto Giménez condenó a Álvarez a la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, multa de $225 y costas, como coautor del delito de tenencia simple de estupefacientes, y le impuso la obligación de fijar domicilio, someterse al control de los órganos de ejecución de la pena y abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.

Eso que llaman justicia

El juez Ariel Lijo rechazó recusación del fiscal Pollicita, quien escribió al impulsar la denuncia de Nisman que las víctimas de AMIA eran de Israel.
 Al final, eso que llaman justicia es solo un concurso de opiniones.

El plan de proscribir a Cristina dió un paso

La jueza federal María Servini de Cubría presentó su renuncia anticipada a la subrogancia del Juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. La magistrada se alejó alegando agotamiento y una situación "insostenible", además de advertir que recibió presiones para que también se aparte de ese mismo cargo a nivel nacional.
"Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca", denunció Servini en diálogo con Ámbito Financiero.
Ahora el Consejo de la Magistratura deberá aceptar su renuncia y nombrar a un reemplazante, a la par que intentaba (con un guiño de la Casa Rosada) implantar en ese puesto clave al juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, mediante un discutible traslado.
La jueza considera que hay una intención de la Casa Rosada de removerla también del juzgado nacional electoral que ocupa hace más de dos décadas.
El proyecto para desplazarla está en cabeza del Ministro de Justicia Germán Garavano que quiere trasladar -por ley- la Justicia electoral a la órbita Civil y Comercial Federal. Como sucesora, se la nombra a la jueza Bibiana Adriana Pérez que integra ese fuero.

Feudalía en Humahuaca

La senadora Liliana Fellner (FPV) se refirió al conflicto que se vive en Jujuy con Milagro Sala , quien permanece detenida. Señaló que aunque "no coincide" con el modo de hacer política de la dirigente de la Tupac Amaru, tampoco "avala el avasallamiento" en el que, considera, está incurriendo Gerardo Morales .
"Jujuy es testigo de mi posición respecto de Milagro Sala. No coincidimos. Ni en las formas ni en el modo de hacer política. No hemos trabajado juntas", dijo Fellner a LA NACION.
Agregó que con la líder de la Tupac " no comparte casi nada más que la formalidad de la pertenencia a un espacio político que es un movimiento muy amplio", en alusión que las dos integran el Frente Para la Victoria.
Por otro lado, indicó con duras críticas a Morales: "Esa falta de coincidencias [con Sala] no significan que avale los métodos avasalladores, discriminatorios y antidemocráticos que utiliza este gobernador que ya nos tiene acostumbrados de otros tiempos a las prácticas misóginas, provocadoras e intolerantes".
Para Fellner, con la nueva gestión de Jujuy hay "avasallamiento en la justicia, aumento irracional del número de integrantes del Superior Tribunal con militantes políticos de Morales y presión a autoridades electas".

Cosas que pasan detras de la humareda

Leemos: "Un escándalo sin precedentes, mantenido hasta ahora en estricta reserva, puso bajo la mira el funcionamiento del sistema informático que controla el Poder Judicial.
A las irregularidades comprobadas en el sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman -que derivaron en una denuncia penal por parte de la Cámara Federal-, se le sumó un hackeo al juzgado federal de Paso de los Libres y el borrado de toda la base de datos que contiene la información de sueldos de todo el Poder Judicial, hace pocos días.
La sospechosa intromisión en los sistemas indica la extracción de toda esa información, referida a cuánto cobran por nómina todos los magistrados y empleados judiciales del país, al mismo tiempo que fueron eliminados todos los registros de la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura de los últimos quince días.
La sumatoria de irregularidades costó el desplazamiento del director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura, Gabriel Mehlman, por parte del administrador general, Juan Carlos Cubría, el pasado 13 de junio. Pero la mayoría oficialista de los consejeros lo repuso en su cargo el jueves último, aduciendo que el funcionario no tenía facultades para echarlo* sin consultarlo con el pleno. El sistema informático que utiliza la Justicia -el Lex 100- ya había sido objetado cuando fue licitado por el exadministrador Germán Krieger. La millonaria adquisición sólo remozó algunos vicios del anterior sistema informático que provee los algoritmos para realizar los sorteos automáticos de causas en la Cámara Federal. Esa compra mereció una causa penal que instruye Ariel Lijo. Mehlman -pese a los cuestionamientos que comenzaron a arreciar sobre él- apunta a ser el encargado del diseño de un nuevo sistema informático para los sorteos de jurados para concursos de jueces, con el que el Consejo busca avanzar..." (Continua).

*En lenguaje estatal esto significa que alguien lo protege.

Una buena noticia

Nos enteramos ayer que el ex ministro Julio de Vido resulto embargado en la escalofriante suma de 600 millones de pesos por no haber controlado a las concesionarias de los trenes.
Es una buena noticia.
Brinda un antecedente poderoso para futuros embargos (y expropiaciones si hay suerte) a los actuales funcionarios nacionales y municipales, a los jueces y fiscales (cuya tarea de control es tan evidente como incumplida) y porque no a periodistas coimeros.
Ya que quieren la chapita de fiscales de la patria que se asignen las responsabilidades correspondientes y se acabe tanta impunidad.
No nos interesa verlos presos, ni mucho menos colgados en una plaza. Son cosas muy desagradables y ademas después los herederos tienen espalda financiera para continuar la tarea como sucede con tanto "hijo de" que sigue asolando. Hay que ir por la guita que es lo único que a estos muchachos les genera inquietud ;).

La justicia que tenes

Hace unos días los titulares de los diarios nos informaban que "Cayó una banda de secuestradores", "Desbaratan banda de secuestradores", "Operativo en Fuerte Apache: Cae banda de secuestradores".
Hoy nos enteramos que: "Ninguno de los siete detenidos por los secuestros en la zona oeste quedo detenido".
Es decir, ante la ola de secuestros en la zona oeste, Ritondo le ordenó a un juez que agarrara 5,7, 10 tipos que la policía sabe pueden tener algún fierro, un par de porros y a partir de ahí armaron la prensa necesaria para llevar tranquilidad (falsa) a la población.
Obviamente unos días después los tuvieron que largar porque simplemente los tipos no habían hecho nada.

Mientras tanto en otro lugar de la ciudad: El 24/5/201313 chocaron dos facciones de la barra brava de Tigre, en la batalla murió Alejandro Velázquez de una de las bandas. Por ese hecho, el fiscal Alejandro Musso llevó a juicio a los seis capos de la barra.
Lo curioso es que les pidió cadena perpetua por homicidio premeditado con alevosía cuando era obvio que se trataba de un homicidio en riña, que nadie había planeado un asesinato.
El resultado es que los seis acusados fueron liberados porque obviamente, aunque admitieron el pequeño detalle del hecho y que mataron a un tipo, no lo hicieron con premeditación alguna (que era de los que se los acusaba), los seis ahora toman mate en la casa como vos, que nunca mataste a nadie ni con premeditación ni por una calentura de momento.
Ahora bien, ¿Alguien cree que fue inocente el fiscal (y el juez que lo permitió) al hacer esta acusación absurda? Por supuesto que no, los acusaron de un delito mayor al que habían cometido porque sabían que era el modo de librarlos.
Lo mejor es que ahora el fiscal Musso se pavonea como paladín de la justicia porque pidió mucha pena por un delito del que no tenia la menor prueba pero era mas grave del que si habían cometido.

Argentina sin ley

Una pareja pudo anotar como propia a una beba nacida a fines de febrero y que fue gestada en el vientre de su tía. En un fallo que sienta precedente, la Jueza de Familia de Lomas de Zamora Maria Villaverde dictó la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil y Comercial (el 562) que indica que la madre de un niño es quien lo da a luz.
La sentencia declaró "la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad del artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación, en este caso concreto de gestación por sustitución, en cuanto no reconoce la maternidad de la mujer que ha expresado su voluntad procreacional mediante el consentimiento informado, sino la de la mujer que da a luz", por eso, anuló el artículo 562 y permitió a los padres biológicos que anotaran a la beba con su apellido.
Los nombres de los padres no trascendieron, pero sí algunos datos personales y los detalles del caso. La madre tiene 36 años y es empleada en una farmacia. Su pareja tiene 34 años y se dedica a la albañilería.
Él siempre supo que ella no podía llevar adelante un embarazo. A los 15 años, en su primera visita al ginecólogo, le diagnosticaron Síndrome de Rokitansky, una enfermedad congénita. Quien la padece no menstrúa ni tiene útero, pero sí ovula. En 2008, cuando se pusieron de novios, ella le contó que no podía gestar. Él dudó e incluso hablaron de terminar la relación. Sin embargo, el vínculo se afianzó con el tiempo y en 2009 se mudaron juntos. Dos años después, en 2011, ella se sometió a un estudio que medía su reserva ovárica: tenía óvulos y era posible fecundarlos in vitro con los espermatozoides de su pareja.
Lo que no podía era gestar, pero su hermana se ofreció. En la causa ese acto es descripto como "un gesto de amor". Pero cuando la hermana se hizo los estudios de rigor, en 2012, resultó que estaba embarazada de su tercer hijo. Decidieron esperar dos años y en mayo pasado, le implantaron dos embriones (con material genético de su hermana y cuñado) de los que prendió uno. Durante los nueve meses de gestación, pelearon para que la Justicia los reconociera como padres aunque quien dió a luz fue la tía de la beba.
El tema no es el fallo, que hasta podría resultarnos simpático en un análisis superficial, sino el hecho de que no hay ley vigente en la Argentina. Lo que expresamente dice una ley puede ser anulado por un juez de La Quiaca, o interpretado arbitrariamente por un juez de Viedma. En Concordia, sin embargo, otro juez podría opinar otra cosa.
No hay ley ni justicia sino un torneo de opiniones de funcionarios vitalicios que, por si fuera poco, toman decisiones sobre la libertad y el patrimonio de las personas, no sobre la frecuencia horaria de los colectivos.
En el caso anterior un código votado en el congreso dice expresamente que madre es quien da a luz, puede resultarnos, insisto, antipático pero precisamente por eso lo tomamos como ejemplo. Aunque la decisión de un juez nos pueda parecer buena, razonable, de sentido común, otros 100 jueces podrían fallar mal, irracional y arbitrariamente con la misma autoridad.
La suerte (y en no pocos casos la guita) son los que deciden que ley se cumple, en que partes, con que frecuencia y en que lugar.

El asalto

Pablo Tonelli fue impuesto ayer como militante de la mayoría de la Camara de Diputados en el Consejo de la Magistratura.
Se perfecciona así el asalto al Poder Judicial sobre el que opera Su Eminencia Reverendisima Angelici. Pasando por alto el hecho que la bancada de Tonelli no es la mayoría de la Camara se revela el grado de confianza que se le puede tener en cuanto al respeto por los resultados de las elecciones que tiene el gobierno.
Ni hablar de Republica o instituciones que, sabemos, se invocan en las duras y se ausentan en las maduras.
El macrismo tiene una tentación feroz por copiar lo peor del kirchnerismo (o lo que estiman fue la fuente de su poder) sin adoptar nada de lo mejor.
Ni olvido, ni perdón.

La derecha que ríe

Desopilante reportaje a German Garavano, Ministro de Justicia de Macri donde dice que van a gobernar en Alianza con el Poder Judicial sin importarles lo que diga el Congreso.

Macri gobernará, pero Lorenzetti quiere reinar

Lo titula bien Cronista.Com (ex El Cronista Comercial)

Fallo de la Corte le saca a Macri $ 13.800 millones en 2016 y otros $ 80.000 millones en cuotas

Y lo explica mejor en la bajada: 

"Son fondos de la coparticipación de impuestos. El tribunal declaró inconstitucional un recorte del 15% en reclamos que hicieron Córdoba, Santa Fe y San Luis. Era un decreto de De la Rúa, pero había beneficiado sobre todo a Cristina. A futuro, el impacto podría ser mayor si el resto de las provincias obtienen fallos similares." 

Mas datos jugosos (como el fallo pudo haber salido en 2010/11/12/13/14/) en Nestornautas.

Estos muchachos se han vuelto tan autónomos que no solo pueden hacer cenizas leyes votadas por amplisimos consensos sino que demuestran una vocación de poder que no respeta ni a un presidente recién electo. Son capaces de plantarles cara a cualquiera.
Son un  revolver en la cabeza de la democracia.

La justicia partidaria

Una medida cautelar le devolvió la administración de los depósitos judiciales al Banco Ciudad que habían sido transferidos al Banco Nación a través de la denominada "ley Conti".
El cambio parte del fallo del viernes pasado de los camaristas Guillermo Antelo, Graciela Medina y Ricardo Recondo, jueces opositores al gobierno nacional que determinaron la devolución al Ciudad de los depósitos judiciales correspondientes a los fueros en lo comercial, laboral y correccional que actualmente estaban en el Banco Nación mediante una Ley Nacional.
"Se ordena la suspensión de la transferencia de los depósitos judiciales del Banco Ciudad de la ciudad de Buenos Aires al Banco de la Nación Argentina impuesta por la ley 26.764", afirmaron los jueces. Es decir que la justicia partidaria decidió que una ley no tiene efecto.
Recordará el memorioso que Ricardo Recondo fue parte de la llamada "cadena de la felicidad" entre 1989 y 1999 integrando el grupo de jueces que pasaba todos los días 29 por la ex SIDE y salían con una sonrisa.

Denuncismo

Una costumbre repetida para impactar sobre la opinión publica es la denuncia sin fundamento que, si forma parte de un plan, después se reproduce en titulares de diarios.
La justicia argentina ha hecho muy poco contra denunciadores seriales bajo contrato como Monner Sans (128 denuncias en el fuero federal penal: 50 fueron archivadas o desechadas en la misma semana de su presentación, 99 antes de los seis meses de iniciadas), aunque pudo acomodar a su hijo Ramiro Monner Sans como procurador general adjunto de asuntos patrimoniales y fiscales del gobierno de Mauricio Macri. O psicópatas como nuestro querido Juan Ricardo Mussa o Christian Sanz que han gastado miles de horas hombre en sus denuncias truchas. No nos extraña porque ellos son solo la parte mas ridícula de un entramado que reúne a jueces, fiscales y medios, que los incluyen y se benefician de estos cachivaches.
Ahora el modelo se ha extendido a España con el objetivo de desgastar al grupo bienintencionado Podemos.
Leemos: MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve creíble el relato sostenido por Manos Limpias en su querella contra Pablo Iglesias, en la que se le comparaba con Hitler y Pol Pot. El Ministerio Público tilda la querella de "muy confusa" y sin "soporte probatorio" que justifique lo que el fiscal califica de "sospechas y opiniones" mezcladas con hechos, por lo que ha solicitado que no se admita. Según publica este viernes El Español, el fiscal Antolín Herrero pone de manifiesto el escaso soporte de la querella en la que acusa a Pablo Iglesias de, entre otros delitos, liderar una organización criminal. “Se aportan fotocopias de documentos a cuyo origen no se hace referencia alguna, no se sabe dónde los consigue el querellante ni quién se los da, pero cuyo contenido objetivamente considerado no aporta indicio alguno”, sostiene la Fiscalía, asegurando que además la querella sólo se apoya en el relato de uno de los técnicos de Canal 33 y de su propietario, Enrique Rioboo. La Fiscalía llama la atención sobre que Manos Limpias trata de imputar a Iglesias unos delitos relacionados con su labor en Producciones con Mano Izquierda, pero sin embargo no incluye en la querella a sus directivos u otros responsables. Pablo Iglesias no ocupó otro puesto que el de vocal mientras estuvo en la productora. En la querella del sindicato ultra, se comparaba al líder de Podemos con Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Pol Pot, Mao Zedong y Fidel Castro, entre otros, y adviertía contra el peligro de hacer "encallar a España" por las "falsas promesas de un iluminado que predica cosas viejas con un envoltorio nuevo". En un epílogo del escrito presentado en el alto tribunal en el que acusaba a Iglesias de cometer 10 delitos, entre ellos, integrar una organización criminal bajo la "pantalla" de la productora Con Mano Izquierda, los querellantes adviertían que, a lo largo del siglo XX, multitud de políticos y líderes revolucionarios "se han disfrazado de demócratas, aprovechándose de las libertades y del Estado de Derecho, el cual persiguen destruir desde dentro".

Alertas rojas

"la pertenencia de un país a la organización Interpol, según sus estatutos, no vincula en modo alguno a la ejecución de la demanda de detención preventiva a efectos de extradición en el resto de países miembros". Según defiende, la decisión de estos países "en cuanto a la ejecución de la detención se basará en su propio derecho interno, y muy especialmente, en los tratados internacionales de extradición firmados con el país reclamante". "No existe vinculación, por tanto, con los documentos de detención emitidos a través o por la Secretaría General de Interpol", zanja la respuesta.
El pasado noviembre la jueza argentina María Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa. Se les acusa de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.