Cuando la justicia tarda ¿Será Justicia?

Ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana, ni el ayer escrito

Antonio Machado

La Cámara Federal porteña ordenó reimpulsar una causa penal por el corralito de 2001 al revocar el sobreseimiento de un grupo de banqueros y disponer que se complete la pesquisa para analizar la totalidad de las hipótesis referidas a los motivos por los cuales los bancos se vieron impedidos de “honrar” los compromisos adquiridos con los ahorristas...
Los camaristas revocaron así una decisión del juez federal Norberto Oyarbide, quien había sobreseido a todos los acusados y cerrado la pesquisa abierta hace 11 años en el juzgado de instrucción en lo criminal del ex juez Mariano Bergés y luego derivada al fuero federal.
El caso involucra a los directivos bancarios Carlos González Taboada y José Dagnino Pastore, del Banco Sudameris; Juan Manuel Sacerdote y Victor Zerbino, del BankBoston; Enrique Cristofani, del Río; Peter Baumman y Henry Gibbs, del Citibank; Alan Roderic Mc Donald, por el Scotiabank y Eduardo Escasany y Antonio Garcés, del Galicia.
En otro orden de cosas la jueza Alicia Vence (parece chiste, pero no...) encausó sin prisión preventiva a Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Jesús Sibilla, ex-directivos argentinos de Ford, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La magistrada investiga los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 20 de agosto de ese año.
A Müller, ex-gerente de Manufactura, Galarraga, ex-gerente de Relaciones Laborales, y Sibilla, ex-jefe de Seguridad, se los acusa de haber brindado “los datos personales, junto a sus fotografías y domicilios” a los entonces jefes militares de la zona sobre delegados y empleados de la compañía.
El abogado de la querella, Tomás Ojea Quintana, aclaró en una reciente entrevista que “no hay desaparecidos de Ford” vinculados con esta causa ya que los 24 trabajadores fueron secuestrados y torturados entre 40 y 60 días por los militares pero luego fueron liberados.
La jueza impuso embargos a los imputados hasta cubrir la suma de 750.000 pesos a cada uno.
La dictadura tuvo entre sus objetivos a delegados obreros y trabajadores en general de grandes fábricas industriales.
Curiosamente hace unos días la Supreme Court de los Estados Unidos aceptó abordar el caso del grupo fabricante de automóviles Daimler AG y decidir si debe responder por las demandas contra su filial argentina Mercedes Benz, acusada de complicidad en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.