Probatio diabolica

La prueba diabólica (en latín, probatio diabolica) o prueba inquisitorial es una expresión del ámbito del Derecho que describe la práctica de exigir por parte del jurado a la defensa una prueba a favor de la no participación del reo en la comisión del delito imputado.

En una probatio diabolica el interpelado deberá, por ejemplo, demostrar que algo no ha ocurrido, la inexistencia de algo, o su propia inocencia en un proceso judicial, cuando lo correcto según el Derecho moderno es que la «carga de la prueba» corresponde a quien ha de probar la existencia de algo, o probar la culpabilidad.

La ilegitimidad de la prueba diabólica en los tribunales de los modernos Estados de Derecho se basa en que, caso de no encontrarse pruebas a favor de la comisión del delito por parte del reo, éste debería ser declarado libre en virtud de la presunción de inocencia existente en estos Estados. Pero con la petición de prueba diabólica, tal presunción de inocencia se infringiría al crearse la necesidad de descubrir además una evidencia de no haber tenido el sujeto parte en el delito imputado, impidiéndose así que el acusado saliera libre de cargos en espera de hallar unas pruebas cuya aparición nadie puede garantizar tampoco.

Dicho en otras palabras: los Estados de Derecho modernos establecen en sus leyes que si es imposible probar la culpabilidad de un reo éste debe ser declarado inocente, lo cual no podría ocurrir si se dictaminara además que se hubieran de buscar pruebas de su inocencia que podrían no encontrarse nunca (igual que ocurre con las de su culpabilidad), obligando esta última eventualidad a la dilación indefinida de una sentencia

Los procedimientos judiciales de la Inquisición (como cualquier otro en el Antiguo Régimen) no respetaban la presunción de inocencia y solían incurrir en absurdos lógicos de los que los acusados no podían salir. El que confesaba era culpable y el que no confesaba era culpable porque seguía indicaciones del Diablo. 

Por su naturaleza racionalmente perversa, este tipo de prueba es rechazada por los tribunales modernos sujetos al Estado de Derecho, pues supone una inversión del onus probandi o carga de la prueba. Por extensión, es también excluida de cualquier procedimiento racional de prueba.