"la pertenencia de un país a la organización Interpol, según sus estatutos, no vincula en modo alguno a la ejecución de la demanda de detención preventiva a efectos de extradición en el resto de países miembros". Según defiende, la decisión de estos países "en cuanto a la ejecución de la detención se basará en su propio derecho interno, y muy especialmente, en los tratados internacionales de extradición firmados con el país reclamante".
"No existe vinculación, por tanto, con los documentos de detención emitidos a través o por la Secretaría General de Interpol", zanja la respuesta.
El pasado noviembre la jueza argentina María Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa. Se les acusa de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
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