Papá Noel trajo otro informe CEPA

El segundo año de gobierno de Mauricio Macri llega a su fin.
Cerrado el ciclo electoral que impulsó al gobierno a abandonar momentáneamente su fe liberal y dar rienda al “populismo financiero” (dólar barato con apertura importadora financiado con endeudamiento externo, y cierto impulso al gasto público, especialmente en obras), parece haber llegado el tiempo de la “cirugía liberal”.
El “reformismo permanente” apunta a implementar la ansiada agenda del establishment por amputar el “costo argentino”.
La reforma laboral apunta a reducir el costo laboral, la reforma previsional a bajar los aportes patronales a la seguridad social y la reforma tributaria a achicar los costos impositivos.
En el imaginario oficialista, esas reformas permitirían un incremento estructural de nuestra competitividad que, de la mano de una profundización de los acuerdos comerciales internacionales, insertarían exitosamente a la Argentina en los mercados mundiales.
Una utopía que promete la expansión de la actividad y el empleo, con generación de divisas que vuelvan sustentable el actual esquema de endeudamiento externo.
Pero los sueños oficiales pueden transformarse en pesadillas, tanto por causas internas como por el contexto mundial.
En el plano interno, el principal escollo es imponer social y políticamente la reducción del “costo argentino” que, visto del otro lado del mostrador, es nada más y nada menos que el “ingreso de los argentinos”.
Bajar el costo laboral implica reducir el ingreso de los trabajadores, hecho que genera la resistencia de parte de sus organizaciones sindicales. La reducción de los costos impositivos merma los ingresos del Estado e incrementa el déficit fiscal.
Para evitarlo se abre una negociación con los gobernadores sobre el reparto de los costos del ajuste (“Consenso fiscal”) donde el pato de la boda fueron los fondos de la ANSES.
Los ingresos de la seguridad social también se ven comprometidos por la rebaja de los aportes patronales que proyectan las reformas, de ahí el impulso oficial a la antipopular medida de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y AUH siguiendo las recomendaciones del FMI plasmadas en su reporte 16/346, para generar un “ahorro fiscal” que obviamente sale de bolsillo de los jubilados, pensionados y madres que perciben asignaciones.
La dificultad para reducir el “costo previsional” se vive en estos días, con una ciudad capital militarizada para reprimir la protesta social, la dificultad oficial de lograr votos opositores en el Congreso y las propias internas en el oficialismo, donde su dama porteña no muestra demasiado interés en que se promulgue una reforma antipopular, cuya principal beneficiaria es su competidora del otro lado de la General Paz (que espera manotear “la plata de los jubilados” como compensación al reclamo por el fondo del conurbano).
En el plano externo, el proyecto oficial de una Argentina abierta al mundo choca con la política proteccionista de las potencias. El torpedeo a la OMC reunida en Buenos Aires no provino de los representantes de las ONGs que el gobierno se encargó de deportar, sino del representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lightlizer, que ve a la promoción del libre comercio del organismo como un instrumento comercial para la expansión de la producción made in China.
En la misma semana volvieron a posponerse las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, donde las exigencias europeas no sólo amenazan la línea blanca, la industria metal-mecánica y automotriz, sino también con eliminar en los mostradores porteños las pizzas de mozzarella. 
Más importante aún para Argentina, la firma del acuerdo implicaría una fuerte pérdida del mercado brasilero para nuestra producción en manos de la competencia europea.
Mientras en términos estructurales, el modelo de M naufraga por su falta de realismo social y geopolítico, enmarcado en un proceso de endeudamiento insustentable (la deuda en divisas con acreedores privados se duplicó en estos dos años, en simultáneo con un agravamiento estructural del déficit de cuenta corriente), la coyuntura económica del próximo año se muestra también compleja. La parálisis post electoral de la obra pública (que se frenó desde octubre), las subas del costo “anti-argentino” (tarifas y altas tasas de interés), las bajas metas de paritarias presentadas como “metas de inflación” y la reducción del presupuesto de las familias que deben pagar los créditos Argenta e indexados que tomaron en el año electoral, amenazan la dinámica de la inversión y el consumo.
Por otro lado, la continuidad del acceso al endeudamiento externo permite anticipar otro año de atraso cambiario y leve reducción de la inflación, con una persistencia en el crecimiento de los créditos – especialmente indexados-.
El balance entre ambos efectos contrapuestos promete una economía en estado vegetativo, es decir, con un leve crecimiento (0,5-1,5%), según los escenarios de paritarias y de inflación).