Uy! Otro informe CESO

Ya finalizado el proceso el electoral, todas las miradas vuelven a dirigirse hacia la economía.
La recuperación económica de los últimos meses de la mano del populismo financiero (dólar barato y expansión de la obra y otros gastos públicos apalancados en créditos externos), ¿se mantendrá o se trató de una efímera primavera electoral?
La respuesta puede dividirse en varios planos. Por un lado, la restricción de dólares que limitaba la expansión de la producción y el empleo desde 2012 se ve momentáneamente postergada por la política de endeudamiento externo insustentable. La toma de créditos externos por los Estados nacionales y provinciales, y de empresas privadas fomentada desde el ejecutivo, no tiene ninguna perspectiva de repago en el mediano plazo.
La capacidad de cancelar las deudas en divisas más allá de quien tome el crédito requiere, desde un punto de vista macroeconómico, la proyección de futuros superávits comerciales que permitan generar el necesario saldo de divisas para cubrir, por lo menos, los intereses que devengarán esos créditos. Sin embargo, el propio gobierno presentó un proyecto de presupuesto donde prevé déficits comerciales crecientes en los próximos años: USD -5.600 en 2018, USD -6.000 en 2019 y USD -6.900 en 2020. Pero mientras caminamos hacia una futura y ya históricamente reiterativa crisis de sobre-endeudamiento, los dólares de los créditos permiten posponer momentáneamente el limitante de divisas a la expansión de la actividad y sostener una política de dólar barato.
De ahí que la pregunta sobre si se mantiene la reactivación o se pincha para 2018 depende esencialmente de las decisiones de política económica.
La recuperación electoral se montó sobre la actividad de la construcción empujada por obra pública y la expansión de los créditos hipotecarios, cierta reactivación en las exportaciones industriales (autos e industria pesada) y, en menor medida, una muy leve recuperación del consumo (mejor dicho, dejo de caer) de la mano del retraso cambiario y la parcial postergación de los tarifazos.
En materia de obra pública, el previsible freno del financiamiento estatal para achicar el déficit de las cuentas públicas busca ser reemplazado por aportes privados en el marco del nuevo régimen de asociación pública-privada presentado junto al presupuesto.
Es decir, se vuelve a la carga con la tesis de la “lluvia de inversiones” como motor de la expansión de la actividad, ahora estimulada por un favorable marco regulatorio en asociación con el Estado. Por el lado de la construcción privada, favorecidos por la expansión de los créditos hipotecarios indexados por inflación y la estabilidad del dólar, parece tener mucho camino aún por recorrer.