436.000 dolares

Cuatrocientos treinta y seis mil dolares embolsaron los médicos argentinos en coimas otorgadas por la empresa norteamericana Biomet según la confesión que dicha empresa hizo frente a la Comisión Nacional de Valores de los EE.UU.

La compañía que admitió ante los tribunales de los Estados Unidos el pago de sobornos entre los años 2000 y 2008. Profesionales médicos y agentes de aduana recibían dinero para importar y prescribir prótesis en forma irregular. Ahora, la Justicia argentina busca los nombres de los profesionales y funcionarios involucrados.

El dato se conoció gracias a una investigación de la Comisión Nacional de Valores de EE.UU. en la que se detalla que en un periodo de ocho años Biomet Argentina pagó al menos 436.000 dólares a los médicos que prescribieron las prótesis. Además, sobornó a aduaneros argentinos para subvaluar sus artículos.

La investigación de la CNV señala que Biomet pagaba sobornos a funcionarios de la aduana para entrar los productos a menor precio, y también entablaba negociaciones con médicos y obras sociales, que recibían entre el 15 y el 20 por ciento de cada venta a cambio de recetar únicamente los productos de esa marca.

Además el ilícito tenia (como siempre) una pata judicial. Un reportaje del diario Clarín a Graciela Ocaña echa algo de luz sobre el tema.
  
– ¿Diputada recuerda casos concretos como los admitidos por Biomet ante la justicia de Estados Unidos sobre negociados con prótesis?
– Durante mi gestión en el PAMI recuerdo que otra empresa llamada Link declaraba precios de importación de prótesis a la Aduana irrisorios. Luego, en el 2006, descubrí hechos irregulares que cometían varios traumatólogos y como no podía probar las maniobras ante la Justicia pedí a las AFIP que investigara sus ingresos. Paralelamente, denuncié a médicos que le colocaban prótesis a los abuelos que eran para pibes de 20 años y a la vez le colocaba a pibes de 20 años prótesis que servían para 10 años (que habían rechazado en el caso del abuelo de PAMI) porque la empresa les pagaba coimas.
– ¿Cree que este caso se va a sumar a la causa madre de la mafia de los medicamentos?
– Es una maniobra más que depende de cuestiones procesales donde termina. Yo entre el 2004 y el 2007 denuncié la existencia de una “industria del amparo judicial”. Había médicos, abogados y un juez involucrados. En uno de esos amparos contra PAMI se solicitaba espaciadores de la firma Links (también importados). Entonces, ofrecimos al traumatólogo el espaciador de la firma Biomet Orthopedics Inc. (EE.UU.) que cotizaba $10.089,90 o el de la firma Synergie Ingénierie Médicale S.A.R.L. (Francia) a $2850, que habían sido obtenidos por licitación pública de materiales de traumatología, mientras que el de Links se quería facturar por la vía del amparo a $ 73.580. Mas cuando en la página web de la AFIP el único importador de Links, a quien nos veíamos obligados a comprar mediante el dictado de medidas cautelares, había declarado a la Aduana que el mismo espaciador tenía un valor de importación de U$S 230 (equivalente en ese entonces a 900 pesos) que luego factura al PAMI a $ 73.580 (unos 20 mil dólares).
– ¿El perjuicio de estos sobreprecios contra el Estado o a las obras sociales sindicales con estas maniobras es grande?
– El costo de las prótesis se encarece muchísimo. Calcule que de la página web de la Aduana surge que ninguna prótesis se pagaba más de 400 dólares y en alguno casos el organismo público pagaba cifras enormes por la misma prótesis que ya había con indicación de marca por parte del traumatólogo.
– ¿En el ministerio de Salud también detectó maniobras con prótesis importadas?
– No porque el ministerio de Salud no compra prótesis. De este tema se encarga del ministerio de Desarrollo Social que dirige Alicia Kirchner.
– Queda claro por la confesión de Biomet que el Estado controla poco o mal la compra y colocación de prótesis.
– Estos negociados que ahora salen a la luz muestran que los controles del Estado son, por lo menos, ineficientes. Se trata de un mercado poco transparente al que se debería regular.

Discrepamos con la Diputada Ocaña. Los controles no son insuficientes. SON IMPOSIBLES CUANDO HAY JUECES QUE PERMITEN E INCLUSO PERFECCIONAN EL DELITO.